Más de 65 grupos, con sede en EE.UU., emiten un comunicado conjunto expresando “profunda preocupación” por el Estado de Excepción del gobierno de Bukele

Más de 12.000 personas han sido detenidas en El Salvador desde que el gobierno de Bukele declaró el Estado de Excepción el 27 de marzo. En nombre de la represión a las pandillas, luego de una ola de violencia mortal, el Estado de Excepción suspendió varios derechos constitucionales, incluido el debido proceso, y la libertad de reunión, y permitió que el ejército y la policía salvadoreños realizaran arrestos arbitrarios, en particular contra jóvenes de comunidades marginadas. Los detenidos pueden permanecer recluidos durante 15 días sin cargos o incluso sin comparecer ante un juez y pueden permanecer recluidos durante años sin juicio. La Asamblea Legislativa también aprobó reformas para que los periodistas y otras personas puedan ser encarcelados, hasta por 15 años, por publicar información que “alude” a las pandillas o se presume que proviene de ellas, un claro acto de censura de prensa.

El Comité de Justicia y Paz se unió al Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y otras sesenta y cinco organizaciones de EEUU en una declaración conjunta expresando su preocupación por las detenciones arbitrarias generalizadas, las violaciones del debido proceso y las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en El Salvador. La declaración también aborda el papel de EE. UU. en la promoción de “vigilancia punitiva militarizada y encarcelamiento masivo” y en la financiación de gran parte del aparato militar y policial que actualmente lleva a cabo arrestos arbitrarios.

Lea el comunicado aquí: 2-denuncia_de_grupos_en_eeuu_sobre_estado_de_excepcion

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Washington, DC, 19 de abril de 2022: Más de 65 organizaciones de derechos humanos, religiosas, de derechos de los inmigrantes, de la diáspora y de solidaridad internacional, con sede en los Estados Unidos, emitieron una declaración conjunta expresando su “profunda preocupación” por los arrestos masivos del gobierno de Bukele en El Salvador y los informes de violaciones de derechos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Desde principios de abril, más de 12.000 personas, en su mayoría de comunidades marginadas, han sido arrestadas sin orden judicial en respuesta a un trágico aumento de homicidios; muchos arrestos han sido denunciados por testigos y familiares como de naturaleza arbitraria.

A medida que el período administrativo de 15 días, durante el cual las personas pueden ser retenidas sin cargos, en virtud de un Estado de Excepción de 30 días llega a su fin para muchos, los grupos piden al gobierno salvadoreño que restablezca el debido proceso, no sea que se abra una puerta a una “profunda y duradera injusticia”.

Los grupos también expresaron su preocupación de que “reformas legales radicales, incluida la eliminación de un límite de dos años para la detención provisional” exacerben un “problema ya generalizado de detención prolongada”.

Los grupos también señalan décadas de cooperación de seguridad de EE. UU. que promueve la “vigilancia militarizada y punitiva” como parte del problema, y ??les preocupa que más salvadoreños se vean obligados a migrar por temor a un encarcelamiento injusto.

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“Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos ha sido un socio importante en la construcción del aparato de seguridad salvadoreño que el gobierno salvadoreño está llevando ahora a extremos inhumanos. Tanto si el presidente Bukele persigue a los miembros de las bandas, como afirma, como si utiliza la ampliación de los poderes del Estado para atacar a los opositores políticos, Estados Unidos también es responsable de la capacidad del Estado para ejercer la violencia contra la población”, ha declarado Alexis Stoumbelis, del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).

“Estados Unidos debe tomar medidas de inmediato para abordar su complicidad en los abusos a los derechos humanos, las violaciones del debido proceso y la persecución política en El Salvador, poniendo fin de inmediato a toda la asistencia militar y policial de Estados Unidos a El Salvador, incluida la promoción de la policía militarizada y el encarcelamiento masivo por parte de Estados Unidos”, dijo Brigitte Gynther de SOA Watch.

“Las familias de clase trabajadora en barrios marginados ya tienen que vivir con el miedo constante a las pandillas. Ahora, son desproporcionadamente susceptibles a arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas y un sistema de justicia politizado. ¿Cuál será la respuesta a este empeoramiento de la situación? Muchos salvadoreños abandonarán naturalmente sus hogares o incluso el país para evitar convertirse en víctimas de un gobierno sin ley, lo que resultará en más desplazamientos masivos de El Salvador”. – Arturo Viscarra, Gerente de Programas Internacionales, Coalition for Humane Immigration Reform (CHIRLA).

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